Selling Property During Probate

Venta de bienes durante el proceso de legalización de un testamento (probate) se refiere al proceso de venta de bienes raíces que pertenecían a una persona fallecida mientras su patrimonio está en proceso de legalización, que es el proceso legal de administrar los activos y deudas del fallecido bajo la supervisión del tribunal.

Puntos clave sobre la venta de bienes durante el probate:

• Quién puede vender: Solo el representante personal del patrimonio—frecuentemente llamado albacea si está nombrado en el testamento, o administrador si es designado por el tribunal—tiene la autoridad legal para vender bienes en probate. Esta persona es designada por el tribunal de probate para administrar el patrimonio y debe actuar bajo supervisión judicial.

• Permiso del tribunal: Generalmente, el representante personal debe obtener permiso del tribunal de probate antes de vender la propiedad. Esto implica presentar una petición al tribunal explicando las razones de la venta. La aprobación del tribunal asegura que la venta sea en el mejor interés del patrimonio y sus herederos.

• Proceso: La venta típicamente involucra:

  • Obtener una tasación certificada del valor de la propiedad.
  • Listar la propiedad para la venta, a menudo "tal cual," ya que los herederos usualmente no pueden hacer reparaciones.
  • Aceptar ofertas y presentarlas al tribunal para su aprobación.
  • Cerrar la venta con los ingresos usados para pagar deudas del patrimonio, gastos, y luego distribuidos a los herederos.

• Propósito: Vender la propiedad durante el probate puede ser necesario para pagar a los acreedores, cubrir gastos del patrimonio, o dividir equitativamente los activos entre los herederos.

• Después del probate: Una vez que el probate está completo y la propiedad es legalmente transferida a los herederos, ellos pueden venderla sin supervisión judicial.

En resumen, vender propiedad durante el probate es una venta supervisada por el tribunal realizada por el representante personal del patrimonio para administrar y distribuir adecuadamente los activos del fallecido. Requiere aprobación judicial y sigue un proceso formal para proteger los intereses de los acreedores y herederos.