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Legal Surveillance
Vigilancia legal se refiere al acto de observar o monitorear a individuos o grupos para recopilar evidencia o información de manera que cumpla con la ley. Es comúnmente utilizada por las fuerzas del orden y agencias gubernamentales para investigar sospechosos, prevenir delitos o proteger la seguridad pública. La vigilancia legal puede realizarse de forma abierta (con el conocimiento de la persona observada) o encubierta (sin su conocimiento) y puede involucrar métodos electrónicos como la interceptación telefónica, la instalación de micrófonos ocultos, grabación de video, rastreo por geolocalización o monitoreo de datos, así como vigilancias físicas.
Los aspectos legales clave de la vigilancia incluyen:
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Protecciones constitucionales: En Estados Unidos, la Cuarta Enmienda protege a los individuos contra registros y decomisos irrazonables, lo que se extiende a las actividades de vigilancia. Generalmente, las fuerzas del orden deben obtener una orden judicial basada en causa probable antes de llevar a cabo vigilancia, excepto en ciertas excepciones como la seguridad nacional o amenazas inminentes.
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Vigilancia privada vs. gubernamental: Las entidades privadas pueden realizar vigilancia en su propia propiedad (por ejemplo, cámaras de seguridad en tiendas) siempre que no violen expectativas razonables de privacidad, como grabar en baños o áreas privadas. El consentimiento es crucial, especialmente para grabar audio o video; muchas jurisdicciones requieren que todas las partes consientan en ser grabadas.
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Tipos de tecnologías de vigilancia: Las definiciones legales abarcan diversas herramientas como lectores automáticos de matrículas, cámaras corporales, simuladores de sitios celulares (Stingrays) y drones. El uso de estas tecnologías suele estar regulado por estatutos y sujeto a límites constitucionales.
En resumen, la vigilancia legal es la observación o monitoreo autorizado y regulado realizado para recopilar evidencia o información respetando los derechos de privacidad y los estándares legales, en particular aquellos establecidos por la ley constitucional y los estatutos.