Administrative Penalties

Sanciones administrativas son multas monetarias o sanciones impuestas por agencias gubernamentales o cuerpos regulatorios a individuos u organizaciones que no cumplen con leyes, regulaciones o requisitos administrativos. Estas sanciones son de naturaleza civil, no penal, y tienen como objetivo principal hacer cumplir la normativa, corregir conductas y disuadir futuras infracciones sin recurrir a procesos penales.

Las características clave de las sanciones administrativas incluyen:

• Impuestas por organismos administrativos con autoridad regulatoria en lugar de tribunales.
• Cargos monetarios civiles que no resultan en antecedentes penales pero pueden aparecer en verificaciones de antecedentes o registros administrativos.
• Variedad en la severidad, desde multas menores o advertencias hasta consecuencias más graves como suspensiones de licencias, revocaciones o exclusión de programas gubernamentales.
• Generalmente siguen un proceso de investigación y notificación formal, permitiendo al destinatario responder o apelar la sanción mediante audiencias o revisiones administrativas.
• Se utilizan como herramienta de cumplimiento cuando no se logra la conformidad voluntaria, especialmente para infracciones que no alcanzan el umbral para un proceso penal pero son lo suficientemente significativas para justificar acción regulatoria.

Ejemplos incluyen sanciones por violaciones a leyes ambientales, regulaciones de seguridad o estatutos específicos como la Ley de Electricidad. El objetivo es asegurar que los infractores asuman los costos del incumplimiento y mantener la seguridad y el orden público mediante la aplicación regulatoria.

En resumen, las sanciones administrativas funcionan como un mecanismo regulatorio para hacer cumplir las leyes de manera eficiente y justa, enfocándose en el cumplimiento y la remediación en lugar del castigo a través del sistema penal.