Las obligaciones legales y los derechos respecto al apoyo financiero para gastos médicos relacionados con el aborto en los Estados Unidos están determinados principalmente por leyes federales y estatales, fallos judiciales y restricciones de financiamiento:

Restricciones de financiamiento federal:

• La Enmienda Hyde prohíbe el uso de fondos federales para servicios de aborto, salvo en circunstancias muy limitadas: cuando el embarazo resulta de una violación o incesto, o cuando la vida de la persona embarazada está en peligro debido al embarazo. Esta restricción aplica a Medicaid, que es financiado conjuntamente por gobiernos federales y estatales.

• Los fondos federales no pueden usarse para abortos fuera de estas excepciones, pero sí pueden utilizarse para atención médica relacionada como anticoncepción de emergencia, tratamiento de abortos espontáneos y procedimientos necesarios para embarazos ectópicos.

Financiamiento y cobertura estatal:

• Los estados tienen la opción de usar sus propios fondos para cubrir servicios de aborto más allá de las excepciones de la Enmienda Hyde para inscritos en Medicaid. Actualmente, 17 estados tienen políticas para pagar abortos a mujeres de bajos ingresos aseguradas por Medicaid más allá de las restricciones federales, y este número puede aumentar conforme los tribunales decidan sobre derechos constitucionales estatales a la autonomía reproductiva (por ejemplo, Pensilvania).

• En estados donde el aborto es legal, la mayoría de los programas Medicaid no cubren abortos más allá de las excepciones Hyde, pero algunos estados extienden la cobertura para situaciones limitadas como riesgos para la salud de la persona embarazada o anomalías fetales.

Obligaciones legales del gobierno y proveedores:

• Ni el gobierno federal ni los estados tienen la obligación constitucional o estatutaria de financiar todos los abortos médicamente necesarios. Los tribunales han sostenido restricciones al financiamiento público de abortos, incluyendo la Enmienda Hyde y leyes estatales similares, sin encontrar violaciones a derechos de debido proceso o igual protección.

• Los hospitales públicos y programas gubernamentales pueden legalmente negarse a proveer o financiar abortos no terapéuticos, mientras que los hospitales privados también pueden prohibir servicios de aborto sin obligación legal de ofrecerlos.

Derechos financieros de empleadores e individuos:

• Los gastos para abortos legales se consideran atención médica bajo la ley tributaria federal, lo que los hace gastos médicos deducibles para empleadores y excluibles del ingreso de empleados. Esto incluye costos de transporte para obtener un aborto legal, que pueden ser deducibles según la tarifa médica por millaje.

• Los gastos de alojamiento relacionados con viajes para aborto pueden calificar como gastos médicos deducibles bajo ciertas condiciones, aunque generalmente el alojamiento no es deducible.

Resumen:

• Los fondos federales generalmente están prohibidos para pagar abortos excepto en excepciones limitadas (violación, incesto, peligro de vida).

• Los estados pueden usar sus propios fondos para cubrir abortos más allá de las restricciones federales, pero no están obligados a hacerlo.

• No existe obligación constitucional para que los gobiernos financien todos los abortos médicamente necesarios.

• Los gastos legales de aborto, incluyendo viajes, son reconocidos como gastos médicos deducibles para fines fiscales.

Este marco crea un mosaico de derechos y obligaciones de apoyo financiero que varían significativamente según el estado y la fuente de financiamiento.